Un profesional puede poner en marcha su propia empresa en 24 horas por un coste de 100 euros. Son los requisitos para crear una sociedad limitada, cuyo capital social no supere los 3.100 euros. Se puede crear acudiendo a dos ventanillas, la del Registro Mercantil y la del notario, con unas tasas de 40 euros para el primero y de 60 euros para el segundo.
En realidad hacen falta, al menos, dos requisitos más: que la actividad profesional se desarrolle en un sector que no precise exigencias, como la necesidad de estar colegiado, con el imperativo de una titulación previa. Y que la empresa no necesite un espacio físico ni un capital mayor para empezar a rodar.
Encaja en el caso de una empresa de consultoría y servicios informáticos, un tipo de sociedad sobre la que no recaen especificaciones sobre el espacio físico en el que se desarrolla la actividad (como en el caso, por ejemplo, de la consultoría en actividades veterinarias), ni otras disposiciones legales (como en la consultoría relacionada con el sector industrial), ni se han trasferido sus competencias a las comunidades autónomas (como las actividades culturales). Su figura profesional tampoco está regulada por ley, como en el caso de las gestorías.
Los requisitos son los mismos en el caso de una empresa de portales web, una empresa de programación, o una empresa de procesos de datos, hosting y actividades relacionadas. La diferencia en este último caso radica en la necesidad de una inversión mayor que los 3.100 euros de capital inicial, ya que la actividad de este tipo de empresas comprende la provisión de las infraestructuras. Para sociedades de mayor tamaño, pero con un capital social menor de 30.000 euros y sin socios jurídicos, los costes también se reducen a los aranceles notariales y registrales, en este caso de 150 y 100 euros, respectivamente; y en ese caso, el plazo es de cinco días.
En definitiva, un profesional del ámbito de la informática puede crear su propia empresa, sin más requisitos que disponer de un capital social inicial de 3.100 euros, del que puede seguir disponiendo una vez constituida la empresa, en un plazo de 24 horas y con un coste de 100 euros... o casi. También puede ejercer su actividad profesional sin necesidad de constituirse en empresa, de hecho, hacerlo implica más obligaciones legales que ser autónomo, pero también algunas ventajas, como la responsabilidad limitada, el acceso a líneas de crédito específicas para pymes o deducciones fiscales. De forma resumida, estos son los principales pasos para la constitución de la sociedad:
1. Reservar la denominación social en el Registro Mercantil Central
Antes de proceder a constituir la sociedad hay que reservar una denominación social (un nombre para la empresa) que no debe estar registrado con anterioridad. Técnicamente el trámite se llama 'certificación negativa del nombre', y se hace directamente en las oficinas del Registro Mercantil Central, o por correo certificado o mensajería, o por vía telemática, rellenando el formulario de su web. La gestión tarda de uno a tres días y tiene un coste de no más de 20 euros.
2. Ingresar el capital en una cuenta bancaria y obtener el justificante pertinente
Si es la cuenta habitual y ya se dispone de esa cantidad, simplemente hay que pedir un justificante del banco de ingreso o existencia del capital. La gestión es gratuita.
3. Redactar los estatutos de la sociedad y obtener escritura pública
Deben recoger la denominación social, el objeto social (la actividad), el capital social, el domicilio social (puede ser un domicilio particular) y el sistema de administración, entre otros datos. La gestión es realizada por un notario. Una vez redactados, los estatutos se adjuntan a la escritura pública otorgada ante notario. La gestión simplificada supone un importe de 60 euros.
4. Inscribirse en el Registro Mercantil
La inscripción de la escritura de constitución se realiza en el Registro Mercantil de la provincia del domicilio social de la sociedad, para su publicación en el Borme (Boletín Oficial del Registro Mercantil). El importe de la gestión asciende a 40 euros en concepto de tasas.
5. Solicitar el NIF y darse de alta en Hacienda
Hay que solicitar a Hacienda el Número de Identificación Fiscal (NIF). Primero el provisional y más adelante la Agencia Tributaria notificará el número definitivo. De la misma forma que el empresario individual o el profesional debe de darse de alta en Hacienda, para poder facturar, la empresa debe darse de alta en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y en la declaración censal del IVA (si corresponde).
Entre los trámites y la financiación
Registro. Registro Mercantil Central (www.rmc.es).
Ministerio de Industria. Circe (Ministerio de Industria Energía y Turismo) (www.circe. es).
A nivel europeo. Eugo (Ventanilla Única de la Directiva de Servicios comunitaria) (www.eugo.es).
DGYPYME. Dirección General de Industria y de la Pyme (www.ipyme.org) En su web se encuentra la microsite Creatuempresa.org, con información para montar una empresa, paso a paso, y para crear la empresa a través de Internet; un mapa de Centros de Apoyo a Emprendedores (Ceae) con las ayudas y organismos específicos en cada comunidad autónoma; y un listado de ayudas e incentivos para la creación de empresas por comunidades.
VUE. Ventanilla Única Empresarial (www.ventanillaempresarial.org). Son centros presenciales de tramitación y asesoramiento integral al emprendedor (repartidos en las principales ciudades, en todas las comunidades autónomas), y para realizar los trámites de constitución de una empresa. Desde su página web es posible obtener asesoramiento 'online' gratuito.
Enisa. Empresa Nacional de Innovación (www.enisa.es) Dispone de tres líneas de financiación específicas para el primer ciclo de vida de las empresas mediante préstamos participativos (no concede ayudas ni subvenciones), una de ellas específica para jóvenes (menores de 40 años) y otra sin límite de edad.
ICO. Instituto de Crédito Oficial (www.ico.es) En su web se pueden consultar las condiciones de la línea ICO Emprendedores para este año.
'Ayudasaunclic.com'. Buscador de ayudas y subvenciones que la Administración pública de las comunidades autónomas pone a disposición de los emprendedores.
