Las cajas de ahorros que han recibido ayudas públicas tienen hasta el próximo 31 de diciembre para decidir si publican los sueldos de su dirección de manera individualizada o se acogen a la ley de protección de datos para no difundir la información.
El Banco de España ha establecido por circular que cada uno de los miembros del consejo y del comité de dirección de las entidades con dinero público deberá especificar la remuneración fija y variable, las cláusulas de blindaje, pensiones, créditos o retribución en acciones, entre otros emolumentos.
No obstante, los afectados por dicha medida deberán aceptar la publicación de dichos datos de carácter personal o especificar, por el contrario, que no lo hacen, posibilidad que barajan en diversas cajas de ahorros.
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