Las adjudicatarias de obra pública afectadas por la paralización de pagos que la Xunta acordó en agosto, como consecuencia del cierre anticipado del ejercicio presupuestario para poder cumplir con el techo de déficit del 1,3 % del PIB, tendrán que esperar a marzo para cobrar las certificaciones pendientes.
Las constructoras apremian al Gobierno de Feijoo a adoptar medidas que mitiguen los perjuicios de esa congelación de pagos, en un momento en el que la obra pública es el colchón de muchas pequeñas empresas frente a la crisis. El sector alerta de que esta situación, agravada por el freno a nuevas adjudicaciones, crea situaciones desesperadas. «Tenemos muchos apuros, porque baja la oferta de obra nueva, las entidades tienen menos disponibilidad para financiar y los recursos de las empresas se van a financiar la deuda de la Administración», explica el presidente de la Asociación de Constructores de A Coruña, Antón Arias. Los empresarios, con los que la Xunta pactó que el retraso de pagos no ralentizaría obras en marcha, ven difícil cobrar antes de marzo, ya que los ingresos del Ejecutivo dependen de unos Presupuestos del Estado que el Gobierno de Rajoy difícilmente podrá solventar antes.
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